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La familia Shepard llevaba más de 50 años intentando buscar una compensación, pero ahora han renunciado a seguir adelante.

Una familia estadounidense ha retirado voluntariamente una demanda en la que acusaba a la firma española NH Hotel Group de "traficar" con propiedades que le fueron confiscadas por el Gobierno cubano en 1959, y por las que pedía una compensación por daños de dos millones de dólares, informó este lunes el Consejo Comercial y Económico EE UU-Cuba.

 

Según un documento judicial al que accedió Efe, la familia de John S. Shepard, residente en Florida, demandó en septiembre del año pasado en Nueva York a través de un trust (fondo) a NH Hotel Group, y a su subsidiaria estadounidense NH Hotels Usa, en aplicación del Título III de la ley Helms-Burton, una norma de 1996 que permaneció suspendida 23 años.

 

Reactivada por el Gobierno de Donald Trump a principios de 2019, la ley permite que los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, puedan demandar ante cortes del país a las compañías que supuestamente se estaban beneficiando de propiedades en Cuba que les fueron expropiadas tras la Revolución liderada por Fidel Castro.

 

Los denunciantes invocaron su derecho a retirar voluntariamente la demanda civil en la que pedían resolver el asunto con un juicio ante jurado

 

NH Hotel Group gestiona a través de subsidiarias dos propiedades en Cuba, entre ellas el hotel NH Capri La Habana, donde el Departamento de Estado de EE.UU reportó en 2017 que algunos sus empleados habían experimentado "problemas de salud no identificados y no resueltos", de acuerdo con una nota del Consejo.

 

Un miembro de la familia Shephard que falleció en 2001, el empresario Julius Shephard, había intentado buscar una compensación por daños ya en 1969 por la expropiación del Hotel Capri de La Habana, que él operaba a través de su firma, la Compañía Hotelera Shephard, y dejó esa denuncia en su testamento.

 

Los Shepard, a través de su fondo, tenían de plazo hasta el 26 de febrero para responder a una moción de retirada de esa denuncia por parte de las entidades acusadas, y ese mismo día fue cuando los denunciantes invocaron su derecho a retirar voluntariamente la demanda civil en la que pedían resolver el asunto con un juicio ante jurado.

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